Misión
Formar
Personas Integrales con Excelencia Académica, que Contribuyan al
Desarrollo Humano, Científico, Tecnológico, Cultural y Artístico para
Asegurar la Inclusión de la Región en la Sociedad del Conocimiento.
Visión
En
el año 2016, ser la Universidad Líder de la región Caribe colombiana,
reconocida por sus Aportes a la Gestión del Conocimiento y al
Desarrollo Sostenible de la Sociedad.
Historia
En el año 1824 nace en Valledupar, la
primera escuela regida por el método Lancasteriano. Como un
reconocimiento a la heroína María Concepción Loperena de Fernández de
Castro por el Vicepresidente de la República General Francisco de Paula
Santander. En dicho claustro (Antiguo convento de Santo Domingo)
recibieron las primeras enseñanzas, connotados ciudadanos que se
distinguieron más tarde en la vida republicana del país.
En el Siglo XIX Valledupar permaneció
aislada por la falta de vías de comunicación. La educación decae; a
pesar de algunos esfuerzos que se hacen en el sector privado. Era más
fácil enviar a los jóvenes a estudiar fuera del país que a la capital de
la República y, en efecto, algunas familias privilegiadas lo lograron.
La costumbre era que los hijos varones quienes accedieran a la
Universidad, mientras que a las mujeres se les reservaba para las
labores hogareñas. Además, el ambiente cultural conservaba las
tradiciones rurales al igual que en las demás zonas agropecuarias del
país.
Durante la administración de Alfonso
López Pumarejo, específicamente en 1936 se fundan el Colegio Nacional
Loperena y la Escuela de Artes y Oficios. Años más tarde, antes de la
creación del Departamento del Cesar un grupo de ilustres ciudadanos de
Valledupar planteó la necesidad de fundar un centro de estudios
universitario. Con la fundación del Departamento del Cesar surgen
movimientos culturales de diversa índole que aglutinan la idea de crear
en la ciudad un centro de educación superior, los primeros intentos se
canalizan a través de la Casa de la Cultura y la creación de una
Seccional de la Universidad Santo Tomás en Valledupar con programas a
nivel intermedio, cuyo intento fracasó por no contar con los recursos
económicos necesarios, los cuales debían ser autorizados por la Asamblea
Departamental.
En 1971, siendo Gobernador del
Departamento, el doctor José Antonio Murgas y por iniciativa del
Secretario de Educación Departamental, se invitó al Director del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES,
con el fin de escuchar los planteamientos acerca de las ventajas que le
traería a esta región la creación de un instituto de carreras
intermedias, que interpretara en materia educativa las necesidades de la
región tan rica en recursos naturales. Iniciativa que inquieta pero
resulta infructuosa, por no lograr el apoyo suficiente de la clase
dirigente y empresarial del Departamento.
En 1973, siendo gobernador don Manuel
Germán Cuello Gutiérrez nace el Instituto Tecnológico Universitario del
Cesar, ITUCE. El gobernador recoge la idea del diputado a la Asamblea
Departamental Jaime Gnecco Hernández, quien presentó la ordenanza para
crear un Instituto Politécnico de Carreras Intermedias.
El ITUCE funcionó dos años durante los
cuales ofreció los programas de Administración de Empresas,
Administración Agropecuaria y Técnicas de la Construcción, pero por
decisión del movimiento estudiantil, que se gestó debido a que no había
continuidad en los programas de carreras intermedias para continuar una
carrera profesional, optaron por cerrarlo, prefiriendo perder dos o tres
semestres. Dadas estas circunstancias el movimiento desplegó una
campaña para la conversión del ITUCE en una universidad con programas
académicos completos.
En 1975 se intentó crear una universidad
de carácter privado por iniciativa liderada por Jorge Dangond Daza que
aglutinaba dos vertientes algodoneras y ganaderas. Universidad que
debería dar cobertura a los bachilleres de la región y los programas que
ofrecería deberían estar adaptados a las necesidades y potencialidades
de la región como son la agroindustria y la minería. Esta idea se aplazó
porque las encuestas y estudios realizados, por un lado, y la
aceptabilidad de los estamentos estudiantiles por otro, consideraron que
no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.
Otro intento de concretar una iniciativa
para abrir un Instituto de Carreras Intermedias de carácter privado,
que funcionó durante dos años consecutivos, pero que también fracasó.
El rector del ITUCE, doctor Alonso
Fernández Oñate en 1976, encabezó un movimiento cívico para convertir el
instituto en universidad. En el movimiento logró aglutinar
parlamentarios, profesionales, entidades cívicas y los gobiernos
municipal y departamental; el comité organizador del dicho movimiento,
encomendó al doctor Jaime Murgas Arzuaga, representante a la cámara, la
misión de presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República
para crear la Universidad Popular del Cesar. Como efectivamente se dio
mediante la Ley 34 del 19 de noviembre de ese año.
La Universidad Popular del Cesar se creó
“como establecimiento público autónomo con personería jurídica cuyo
objetivo primordial será la investigación y la docencia a través de
programas que conduzcan a la obtención de licenciaturas, grados
profesionales y títulos académicos como el de doctor”.
El artículo 2º de la Ley de creación de
la Universidad establece que la naturaleza jurídica, la organización
administrativa y la estructura académica o programas de estudio e
investigación de las facultades, institutos, escuelas y departamentos de
la Universidad Popular del Cesar serán los mismos de la Universidad
Nacional de Colombia de conformidad con la Ley 65 de 1963 y demás
disposiciones legales excepto su Consejo Superior Universitario.
Es importante destacar que el artículo
4º de la citada de la Ley de creación de la Universidad ordena que ésta
para establecer las carreras, los programas e investigaciones que más
convengan a las condiciones sociales, naturales, culturales y económicas
del departamento, debe buscar la asistencia y colaboración del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
Así mismo el artículo 5º también ordena que el Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA, preste asistencia científica y técnica a la
Universidad de acuerdo a los convenios recíprocos que permanentemente
celebren.
Las asistencias autorizadas por la Ley
Orgánica de la Universidad en los artículos 2º, 4º y 5º no han sido
efectivas, porque si bien es cierto, en un comienzo se buscó la asesoría
de la Universidad Nacional de Colombia, sus recomendaciones no fueron
tenidas en cuenta y no se continuó con el aprovechamiento de dichas
asesorías. En cuanto al ICFES su asistencia ha sido poco efectiva y más
bien generó malestar por su injerencia en los asuntos internos de la
Universidad con desconocimiento de la problemática y cultura regional.
En cuanto a la asesoría del ICA, no se encontraron datos disponibles,
tal vez debido a que no hay programas afines con la actividad y objeto
del Instituto.
La Universidad inició labores el 1º de
agosto de 1977 con tres Facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias
Administrativas y Contables y Ciencias de la Educación, a las cuales
estaban adscritos cuatro programas académicos: Enfermería,
Administración de Empresas y Contaduría Pública, y Matemáticas y Física,
respectivamente. Se inscribieron para acceder a los programas ofrecidos
173 aspirantes siendo la mayoría para el programa de Contaduría Pública
con el 39.3%, para el programa de Administración de Empresas el 25.4%,
para Matemáticas y Física el 18.5% y el 16.8% para el programa de
Enfermería. Del total sólo 94 fueron admitidos y matriculados, su
distribución fue la siguiente: Contaduría Pública 34, Administración de
Empresas 23, Matemáticas y Física 16 y Enfermería 21. Esta población
estudiantil fue atendida por 13 profesores: 3 de tiempo completo, 1 de
medio tiempo y 9 catedráticos.
No se encuentran evidencias de estudios
de factibilidad para la creación de esos programas, lo cual ha generado
críticas y polémicas acerca de la pertinencia de los mismos para la
satisfacción de las necesidades de la región, debido a que el
Departamento y sus zonas de influencia son netamente agropecuarios y
mineros; factor que no se tuvo en cuenta en la implementación de los
programas.
Dado que estaba vigente el Decreto 80 de
1980, el cual regulaba la Educación Superior en Colombia en todos sus
aspectos; la Universidad en el momento del inicio de sus labores, se
rigió por dicha legislación. Razón por la cual se elaboraron: el
Estatuto Orgánico, el Estatuto Docente, el Estatuto Estudiantil, la
Estructura Orgánica, su Manual de Funciones acorde con la legislación
vigente y adoptada por el Consejo Superior Universitario, lo cual le
permitió desarrollar las funciones sustantivas como docencia,
investigación y extensión de la Educación Superior.
El humanismo constitucional, que pone al
individuo en el núcleo de la sociedad y al aparato estatal a su
servicio, que influyó de manera tan decidida en el nuevo orden jurídico
fundado a partir de la Carta del 91, introdujo nuevos parámetros de
interpretación y culturización jurídico – política que posibilitan una
conveniente asimilación de transformaciones institucionales y un
consecuente cambio de la mentalidad frente a los retos y
responsabilidades que de allí se desprenden.
En el Artículo 69 de la Constitución
Política, el constituyente de 1991, reconoce y garantiza la autonomía
universitaria, entendida esta como la legítima capacidad que tienen
dichas instituciones para autodeterminarse. En desarrollo de este
principio, el legislador expidió la ley 30 de 1992, por la cual organizó
el servicio público de la educación superior y estableció el régimen
especial que ordenó el Constituyente para las universidades del Estado.
La ley 30 expresa el mandato constitucional acerca de la autonomía
universitaria en su artículo 28: “La autonomía universitaria consagrada
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente
Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y
establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y de su función institucional”. Los artículos 19 y 20 de
la Ley 30 de 1992 establecen el reconocimiento a las Universidades como
tales mediante el Ministerio de Educación Nacional, una vez se han
cumplido los requisitos que para el efecto se exigen. La Resolución
03272 del 25 de junio de 1993 emanada del Ministerio de Educación
Nacional reconoce institucionalmente como Universidad a la Universidad
Popular del Cesar. Condición esta, suficiente y necesaria para seguir
funcionando como Universidad. No obstante en dicho reconocimiento se
hicieron varias recomendaciones, que entre otras fueron: la elaboración
de un plan de desarrollo que comprendiera como mínimo un sistema de
autoevaluación institucional, un plan de publicaciones para la
divulgación de la producción investigativa, un plan de cualificación y
actualización docente, formulación y ejecución de un plan de inversiones
para los laboratorios, actualización de los recursos bibliográficos y
de hemeroteca, redes de información, además del mejoramiento de la
planta física, construcción sede única.
Lo anterior dividió el devenir histórico
de la universidad en dos: antes y después de la Constitución de 1991.
Fue así como la Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997 ratifica la
autonomía universitaria y aclara la facultad de autodeterminación. Con
base en lo anterior, a partir año 1998 en la Universidad Popular del
Cesar se comienzan a implementar nuevas carreras, tales como
Licenciatura en Matemáticas e Informática, Licenciatura en Lengua
Castellana e Inglés, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental, Instrumentación Quirúrgica, Microbiología, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental y Sanitaria,
Economía, Administración de Comercio Internacional, Derecho y
Sociología. Aunque el programa de Ingeniería Agroindustrial fue creado
en diciembre de 1994 y comenzó a funcionar en el primer semestre de
1995. En la actualidad la Universidad tiene seis (6) facultades y
dieciocho (18) programas.
